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Imaginemos la siguiente situación: Los socorristas rescatan a una víctima inconsciente con síntomas claros de ahogamiento del agua y tras evaluarla comprueban que no respira y que tampoco tiene pulso. Avisan al 112 y empiezan a aplicar el protocolo de reanimación (RCP) que implica hacer respiración boca a boca y masaje cardíaco. Pero, ¿y si la víctima fuese un posible portador del COVID-19 y los Socorristas resultasen infectados?

Enfrentados a una situación sin precedentes

Estamos hablando de algo que está afectando a millones de personas en todo el planeta, con cientos de miles de fallecidos si atendemos a las estadísticas oficiales, que muy probablemente no reflejen la totalidad de las cifras, ni tampoco se ha superado todavía la fase más grave de esta pandemia. Y cada una de esas cifras es una persona como tú o como yo, con su propia historia, familia y circunstancias.
Estamos pasando por una situación sin precedentes y el barullo de información, confuso, lleno de bulos y falto de evidencias reales en el que nos movemos es exasperante y frustrante a la vez. Todos buscamos mensajes que alivien nuestras preocupaciones y nos proporcionen esperanza y, aunque los mensajes que esperamos recibir sean quizás diferentes para cada uno, lo que todos esperamos son directrices concretas y tranquilizadoras que aborden los problemas de y sus consecuencias de manera definitiva.
El hecho de que la información se mueva y cambie tan aprisa, está creando un paradigma que hace tan sólo unos meses nos habría parecido insólito. Decisiones como por ejemplo el tratamiento de la infección, que se tomaban en un ámbito temporal de meses o años y tras estudios y ensayos clínicos, ahora se toman en semanas, días u horas. Y casi nada más publicarse han de modificarse o actualizarse porque aparecen nuevas pruebas o evidencias y hay cambios a medida de que nuestra compresión del problema va progresando.
Hay que tener en cuenta, además, que las autoridades sanitarias que dirigen la lucha contra la pandemia y que combaten esos mismos problemas desde primera línea, no tienen a las playas e instalaciones acuáticas dentro de sus prioridades más urgentes. Estas son problemas que abordarán cuando otros mucho más acuciantes y con impacto inmediato en la salud pública o en la estructura económica, tan gravemente dañadas, estén más asentados.

Incertidumbres ante la apertura de playas y piscinas

Hay un amplio rango de instalaciones y entornos acuáticos sobre los que habría que intervenir, desde los servicios que cubren las playas públicas, pasando por los parques acuáticos, piscinas públicas o de establecimientos de ocio y hoteleros, aguas interiores, hasta las piscinas domésticas. Y cada uno de ellos requerirá de directrices lo más claras y definidas que sea posible. La situación española, con gran parte de las competencias normativas transferidas a las comunidades autónomas y con los ayuntamientos como responsables últimos de la gestión de las playas e instalaciones acuáticas municipales hace muy difícil, pero no imposible, que haya una armonización en esas directrices.
La situación puede ser todavía peor en las instalaciones de pequeños municipios y especialmente en aquellas de gestión privada, dónde las decisiones se tomarán principalmente atendiendo a criterios de negocio y rentabilidad y podremos encontrar que se abran o por el contrario permanezcan cerradas instalaciones, incluso en contraposición a las recomendaciones oficiales y es previsible que haya una atomización de iniciativas. Las evaluaciones de riesgos, planes y guías de implementación –si es que se realizan- dependerán en gran medida de que se disponga de “expertos» locales o internos o empresas auxiliares capaces de su estudio, preparación y puesta en marcha, algo impensable en localidades o empresas de pequeño tamaño o capacidad técnica.

Muchas lagunas normativas

A pesar de que en los últimos años se ha avanzado sustancialmente en la investigación y directrices de los riesgos acuáticos, hay enormes vacíos que siguen sin llenarse, tanto globalmente como en nuestro país. El primero de ellos es que la práctica totalidad de las distintas normas existentes están diseñadas con criterios higiénico-sanitarios y apenas contemplan los aspectos de seguridad y prevención del ahogamiento ni tampoco describen con claridad la responsabilidad y funciones del socorrista acuático profesional dentro de la organizción general de una instalación a la luz del conocimiento que ya hay desarrollado al respecto.
Tampoco se contempla lo que supone la implementación de las directrices marcadas por los protocolos internacionalmente aceptados (ERC, AHA) y la imperiosa necesidad de adaptar esos protocolos (y su implementación en la realidad) a las prácticas que mejor se adaptan a la realidad de cada instalación o entorno acuático. Sirva un ejemplo: las guías de actuación y requisitos de equipamiento no pueden ser las mismas para una playa con equipos de socorrismo completamente equipados y puesto de primeros auxilios con personal sanitario que para la piscina de un pequeño pueblo con un socorrista y en la que el tiempo de respuesta del SEM se puede medir perfectamente en tramos de media hora, dónde la respuesta y el equipamiento tiene que tener eso en cuenta. En otros sectores, sí que se produce esa adaptación y partiendo de las normas generales se exige un redimensionamiento de los requisitos a cumplir.
Es evidente que es indispensable que la regulación recoja la existencia de una figura experta (idealmente un director médico con formación en seguridad acuática o con asesoramiento de otros expertos sectoriales) que interprete estas adaptaciones teniendo en cuenta todos los aspectos claves (incluidas las posible repercusiones en el ámbito legal) en función del grupo de riesgo al que pertenezca cada instalación, y tenga capacidad y autoridad suficiente para implementar las adaptaciones para las circunstancias de cada instalación que aseguren una óptima gestión de los riesgos y su reducción al mínimo nivel posible. La seguridad del personal de la instalación y la de sus usuarios -en ese orden- han de ser siempre las prioridades y no deben caer presas de la tensión entre la seguridad y la sanidad públicas y los criterios políticos, de negocio o de rentabilidad.

Implicaciones para las instalaciones

Hay todavía muchísimas dudas acerca de cómo tendrán que afrontar las instalaciones –piscinas, parques acuático, playas- la reapertura o puesta en marcha de sus actividades. Hay empresas que ya están preparando sus propios planes y estableciendo cómo los implementarán, lo cual es muy loable pero como apuntaba y por muy acertados que sean esos planes, esta es una respuesta que no hace sino dispersar los esfuerzos y muy probablemente se repetirán y amplificarán los errores. La Administración Central del Estado debe ser la responsable de elaborar un informe y definir los criterios mínimos esenciales para que se puedan iniciar las actividades acuáticas y definir con especificaciones y criterios objetivos y claramente mensurables los requisitos a cumplir para que cada instalación pueda actuar en consecuencia. Y en este caso la coordinación y consenso con las administraciones autonómicas tiene que estar por encima de cualquier interés político o económico y tener como prioridad situar a nuestro país, al completo, en el liderazgo de la seguridad acuática, de la misma manera que estamos a la cabeza del turismo mundial.
Como ya se está poniendo de relieve en otros sectores, las consecuencias e implicaciones serán importantes y un buen número de empresas, sobre todo las pequeñas y los concesionarios temporales, probablemente no podrán afrontarlas ni económica ni organizativamente. Además de ser ocasión para que los grandes saquen tajada del río revuelto, está todavía por ver si esto va a suponer un impulso en la dirección correcta o, por el contrario, un empobrecimiento de las condiciones generales del sector, incluyendo también las referentes a la seguridad. Las dudas surgen por doquier y muchos gestores de empresas de socorrismo están comprensiblemente preocupados por las implicaciones, incluso en el ámbito legal y penal, que puedan tener y sus posibles consecuencias.

Las carencias en la figura del Socorrista Profesional

Es en esta situación en donde las carencias que rodean a la figura del Socorrista Profesional se están poniendo aún más de manifiesto. Como se ha mencionado, la regulación de la formación del Socorrista está dispersa, es muy dispar, está desfasada y ha nacido sujeta al albur de las veleidades de los vientos políticos que soplaban en el momento en que se publicaron, o por el contrario, simplemente no existe como ocurre en muchas comunidades autónomas. No quiero profundizar más en esta parte (que ya se ha tratado en otras ocasiones y que en cualquier caso, merece de un comentario mucho más amplio), pero la realidad prácticamente unánime en el sector es que ninguna de las líneas formativas vigentes ahora mismo en España proporciona la preparación adecuada que deberían tener según apunta la literatura y las necesidades reales del desempeño laboral. Y este vacío es aún mayor en cuanto a la definición de sus cometidos dentro de la seguridad de una instalación acuática.
Se espera de nosotros una respuesta asimilable a la de un profesional sanitario, pero ni lo somos, ni estamos contemplados como tales en ninguna regulación que yo conozca. Es hora de que la situación se normalice, de una vez y para todos, y con la implicación y aportación de quienes verdaderamente son parte integrante de la profesión del Socorrista Acuático, su desempeño laboral y el sector empresarial y hagamos definitivamente a un lado aquellos, como las entidades deportivas, que no lo son.

Protocolos en evolución.

En Socorrismo Profesional, nunca ha habido una receta que fuera “la solución para todo”. Como comentamos, los protocolos que periódicamente emiten las entidades de referencia cubren un amplio espectro, pero tras su amplio consenso dejan siempre algunas lagunas y dudas razonables que se siguen estudiando y revisando. Lamentablemente con la perspectiva del COVID-19, no es posible pretender hoy tener una solución que enfrente satisfactoriamente todos los problemas que nos estamos viendo forzado a afrontar en el ámbito sanitario ni tampoco en el socorrismo actuático. Hay todavía muchas cosas en el aire respecto a cómo se ha de adaptar la actuación el rescate acuático al COVID-19 y que los detalles sean unos u otros influirá en gran medida en la manera en que tendremos que gestionar los sistemas de trabajo y protocolos internos de las instalaciones y respecto a los servicios de Socorrismo, porque pueden implicar la necesidad de más equipamiento, personal, recursos y formación específica. Todavía están en el aire muchas preguntas que necesitan responderse.

¿Cuáles son los EPIs más adecuados?. ¿Es mejor tener un equipo de rescate y otro equipo preparado para la RCP?. ¿Qué va a ocurrir cuando si protocolo indica que no se practique la respiración boca-a-boca a una víctima de ahogamiento, porque hay posibilidad de que puede contagiarse con COVID-19?. ¿Qué margen de flexibilidad o interpretación tiene el Socorrista o los responsables de las instalaciones ante una situación de este tipo?. ¿Podrá tener un caso así repercusiones legales sobre el propio Socorrista y sobre la instalación o empresa en la que trabaja?. ¿Cuáles serán las consecuencias psicológicas que tendrán en el Socorrista?.

Varios grupos de trabajo han emitido ya revisiones de los protocolos de RCP adaptados al COVID-19 -y se espera en breve su adaptación a las víctimas de ahogamiento-, en los que se recogen modificaciones sustanciales en las guías de actuación que probablemente tendrán repercusiones en el pronóstico de las víctimas a las que se les aplican y también en la exposición de los intervinientes al riesgo de infección y por ende, con amenaza para su integridad física y salud. Todavía no hay evidencias concluyentes al respecto y mientras las organizaciones de referencia publican protocolos revisados y los actualizan con las nuevas evidencias, deberemos estar muy atentos a las últimas novedades e incorporarlas de inmediato a nuestros sistemas de trabajo y acciones de formación.

Acortando distancias en la formación.

Otra de las revoluciones que ha provocado el COVID-19 ha sido la puesta en cuestión, cuando menos temporal, de toda actividad que implique contacto personal, como es el caso de la formación en Socorrismo Acuático, que implica realizar actividades y prácticas en aula y en el agua con contacto personal muy estrecho y la potenciación de la formación a distancia y “on-line”, además de las precauciones de prevención de contagio que se han de tener en cuenta durante dichas prácticas.

¿Cómo ajustamos esa “distancia” a la formación en Socorrismo?.
Implementar plataformas de enseñanza on-line es algo habitual hoy en día, pero supone un coste adicional y no sólo por la parte tecnológica. También los contenidos tienen que revisarse y prepararse específicamente los que sean susceptibles para esta nueva modalidad y los profesores formarse y adaptarse para impartir a distancia sus clases o tutorías y definir y establecer cuáles deben ser las mejores vías para la evaluación de los alumnos. Y como no todos los contenidos se pueden impartir a distancia, habrá que reducir el número de alumnos por sesión, proporcionar los EPIs adecuados para la actividad presencial que se realice, etc.
Y ello también influye en el material que se utiliza. Un maniquí de RCP, por ejemplo, cuando se utilice para practicar el boca a boca producirá aerosoles potencialmente contaminantes si el alumno es portador y tendrá que desinfectarse de manera exhaustiva o desechar y reponer las partes sensibles después de que cada alumno lo utilice. Los equipos de protección personal, de prácticas o materiales de rescate igualmente habrán de revisarse y renovarse. El tiempo y el coste necesario para ello o la alternativa de incrementar sustancialmente el número de dispositivos para minimizar las pausas o disponer de uno por alumno, supondrán un coste tan elevado que pueden llegar a ser inasumibles o elevar el precio de la formación para los alumnos a niveles no asequibles.
Pero, ojo, no todo vale en la formación a distancia. No puede permitirse que se anuncien y, lo que es ciertamente inadmisible, que se acepten en los registros oficiales cursos impartidos 100% on-line. Aquí aparece nuevamente la responsabilidad de las distintas Administraciones en la regulación y la vigilancia de la formación en socorrismo profesional. No ha de caber ninguna duda de cómo debe impartirse y comprobar y hacer cumplir fehacientemente que las directrices se cumplen.
¿Y qué va a ocurrir con las normativas que establecen renovaciones periódicas de la inscripción en los registros, como Madrid o Cataluña, cuando los Socorristas no puedan acreditar haber realizado la formación periódica que tienen que acreditar porque no ha habido ninguna convocatoria para hacerla?. ¿Se van a prorrogar la validez de las acreditaciones, con el riesgo de no tener profesionales con su formación debidamente actualizada?. ¿Se arriesgarán las empresas a contratar a estos Socorristas?. A estas alturas, sólo tenemos conocimiento de que la Generalitat de Cataluña haya ampliado la moratoria de la inscripción en el ROPEC de los socorristas en Cataluña como medida excepcional.

Un dilema ético

Si analizamos las cifras de formación de los últimos 10 años, comprobamos fácilmente que el Socorrismo profesional es una ocupación que está en declive. Algunas de las posibles razones se pueden deducir de todo lo anterior, además de la precarización laboral, la bajada de las remuneraciones, la creciente minusvaloración en la opinión pública y los responsables públicos de la figura del socorrista. Muchos somos los que hace años coincidimos en el análisis y el diagnóstico de la enfermedad, pero hasta ahora no hemos acertado a coincidir en el remedio.
Tengo la sensación de que el COVID-19 nos ha puesto frente al espejo de nuestras propias miserias y que lo que vemos -aunque ya fuéramos conscientes de ello-, no solo no nos gusta, sino que quizá por primera vez nos ha revuelto esa conciencia que hace tiempo parecía que teníamos adormilada. Ahora no podemos pecar por omisión ni tampoco por tibieza. Personalmente lo percibo tanto como un dilema ético que hay que resolver, como una necesidad personal de impulsar lo que durante toda mi trayectoria en el Socorrismo he considerado una obligación moral. Si sigo en este mundo es porque creo firmemente que mi -nuestra- obligación es preparar a los mejores profesionales y seguir luchando por todo ello.
Es el momento de que la extensa red de contactos personales que se ha ido poco a poco expandiendo en los últimos años a través de amistades personales, colaboraciones desinteresadas, congresos y reuniones técnicas y que une a muchas personas del mundo del Socorrismo Profesional (investigadores, profesores, socorristas, gestores, empresarios, responsables públicos, sindicalistas, legisladores, etc) y que compartimos ese profundo convencimiento de la necesidad de un cambio profundo y quizá revolucionario, hable con una única voz y ponga sobre la mesa las prioridades que esta crisis ha hecho aflorar tan descarnadamente. Tenemos que ser capaces de dejar a un lado cualquier interés circunstancial, centrarnos en los aspectos esenciales y conseguir que nuestras propuestas se oigan y, por fin, se lleven a cabo.